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La transformación digital de la economía mexicana avanza hacia una nueva etapa con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 4 de noviembre de 2026, de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es impulsar el uso de medios de pago digitales, facilitar las operaciones comerciales y promover la inclusión financiera.
Esta legislación establece un marco para extender el uso de transferencias bancarias, tarjetas, códigos QR, tecnología NFC y otras herramientas electrónicas, cuya aplicación involucra a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones financieras y proveedores de bienes y servicios.
Uno de sus aspectos más relevantes es la posibilidad de que determinados sectores estratégicos y actividades económicas transiten hacia un esquema en el que los medios de pago digitales constituyan la única forma de pago. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar las actividades comprendidas y a las autoridades competentes establecer las condiciones y plazos para su implementación.
Esto no significa que el efectivo desaparezca ni que todas las empresas estén obligadas a dejar de recibirlo desde la entrada en vigor de la Ley. La exclusividad de los pagos digitales dependerá de las determinaciones y disposiciones administrativas que se emitan para cada sector. Asimismo, se contemplan excepciones para situaciones de contingencia que imposibiliten temporalmente las operaciones electrónicas.
La adopción de estos mecanismos representa una oportunidad para modernizar las operaciones comerciales, mejorar los controles administrativos, facilitar la conciliación contable y fortalecer la trazabilidad de las transacciones.
Al mismo tiempo, las empresas deberán considerar la infraestructura tecnológica necesaria para recibir pagos electrónicos, implementar medidas de seguridad y adecuar sus procedimientos a las disposiciones que emitan las autoridades competentes.
La Ley también incorpora mecanismos de confianza para facilitar la contratación digital de servicios financieros, como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, además de impulsar soluciones tecnológicas para simplificar trámites relacionados con el desarrollo económico.
La implementación de esta legislación requerirá una coordinación entre autoridades, instituciones financieras y empresas. Para ello, la Ley establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, para determinar los sectores estratégicos y actividades en los que los pagos digitales podrán constituir la única forma de pago. A partir de la publicación de dicha determinación, las autoridades competentes tendrán otros quince días hábiles para emitir las disposiciones administrativas que establezcan las condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos de operación, así como los plazos para la transición gradual del efectivo a los pagos digitales.
Por ello, será fundamental dar seguimiento a las disposiciones que se publiquen con posterioridad, pues de ellas dependerá conocer el alcance concreto de las obligaciones aplicables a cada actividad económica.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos representa un paso importante en la modernización de la economía nacional. Para las empresas, el reto será aprovechar las ventajas de la digitalización, anticiparse a los cambios regulatorios y asegurar que sus operaciones se desarrollen con pleno cumplimiento del marco jurídico.
En este proceso, la asesoría jurídica especializada será esencial para identificar nuevas obligaciones, prevenir contingencias y acompañar al sector empresarial en la adaptación a un entorno económico cada vez más digital.
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