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La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) acordó que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general se incrementará de $278.80 a $315.04 pesos diarios, mientras que el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) crecerá de $419.88 a $440.87 pesos diarios.
El ajuste incorpora un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $17.01 pesos y una fijación porcentual adicional (5% en la ZLFN y 6.5% en el resto del país), con la finalidad declarada de recuperar poder adquisitivo y avanzar en la reducción de la pobreza laboral.
No hay que perder de vista que el empleador está obligado a ajustar los salarios únicamente cuando queden por debajo del nuevo piso legal; los salarios contractuales establecidos tanto en convenios individuales como colectivos no cambian automáticamente con la sola modificación del salario mínimo. En consecuencia, buena parte de los trabajadores quedan fuera de estos ajustes, dependiendo, en todo caso, de los que se pueda pactar internamente.
Desde la perspectiva del trabajador, sobre todo para quienes ganan el salario mínimo, el ajuste representa una mejora importante en los ingresos, mayor capacidad de consumo y una recuperación del poder adquisitivo respecto de años previos. Además, el incremento contribuye a acortar brechas en los ingresos y, en efecto, puede traducirse en una reducción efectiva de la pobreza laboral.
Sin embargo, existen limitaciones desde la óptica laboral individual. Una de ellas es la sensación de falta de equidad que se puede generar con aquellos trabajadores que perciben salarios apenas superiores al mínimo y que no reciben una compensación proporcional, efecto que se debe evitar o reducir en la medida de lo posible. Desde luego subsisten problemas estructurales que no resuelve el aumento de los mínimos como los bajos salarios, la ausencia de prestaciones laborales y de seguridad social en el sector informal, sin olvidar las dificultades que enfrentan muchas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, ante el incremento en los costos laborales que se suman al reciente aumento en las vacaciones y la inminente reducción de las jornadas laborales.
Damara Guzmán V.
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