IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El 15 de enero de 2026 entró en vigor un amplio paquete de reformas legales orientadas a consolidar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para fortalecer la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, particularmente en los ámbitos laboral, educativo, social y de acceso a la justicia. Dichas reformas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, modificando de manera transversal diversos ordenamientos jurídicos federales 

Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual cambia su nombre oficialmente a Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de reforzar el enfoque de igualdad real y no solamente formal. Así mismo se fortalece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, ampliando las obligaciones del Estado para garantizar condiciones reales de protección y acceso a la justicia, estableciendo mecanismos institucionales de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para garantizar condiciones efectivas de igualdad en los ámbitos público y privado.

En materia laboral, las reformas impactan la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reforzando la obligación de los centros de trabajo públicos y privados de garantizar entornos laborales libres de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación, incluidos aquellos que ocurren en el entorno laboral y docente y que constituyen manifestaciones de violencia que pueden generar consecuencias laborales, administrativas y penales. Consolidando así un marco normativo que exige a las personas empleadoras prevenir, atender y sancionar conductas que vulneren la dignidad, integridad y derechos de las personas trabajadoras, particularmente de las mujeres.

De manera paralela, el ámbito civil y familiar, las reformas fortalecen la protección de las mujeres frente a violencias que se presentan en las relaciones personales y familiares, incorporando un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la actuación de las autoridades.

Adicionalmente, el decreto introduce ajustes en otros ordenamientos estratégicos como la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley de Migración y diversas leyes en materia cultural y administrativa, evidenciando una política pública transversal orientada a cerrar brechas de desigualdad y erradicar prácticas discriminatorias.

Estas reformas representan un avance significativo en la construcción de un Estado más comprometido con los derechos humanos de las mujeres, al tiempo que colocan mayores responsabilidades en las autoridades y en los actores sociales para transformar prácticas, culturas organizacionales y relaciones de poder históricamente desiguales. En conjunto, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación marca un punto significativo cuyo cumplimiento será determinante para avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

Damara Guzmán V.

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